El gobierno federal respalda a CoreCivic en su intento de reabrir un centro de detención en Leavenworth, mientras la ciudad insiste en que la empresa debe cumplir con sus leyes locales de uso de suelo.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una moción señalando que los líderes de la ciudad de Leavenworth han interferido de manera “ilegal y agresiva” en el proceso para reabrir un centro de detención de ICE en una antigua prisión operada por CoreCivic. El gobierno federal respalda así a la empresa privada, que busca usar la instalación para albergar a inmigrantes en espera de deportación.
La ciudad de Leavenworth demandó a CoreCivic argumentando que la compañía no obtuvo el permiso especial requerido por las normas locales de zonificación. Aunque la empresa inició esa solicitud a principios de año, la canceló alegando que su contrato con ICE la exime de cumplir con las reglas municipales. El gerente de la ciudad declaró que la intervención federal no cambiará la postura local en este proceso legal.
El centro de detención tiene capacidad para más de mil internos y la empresa estima generar 4.2 millones de dólares al mes en ingresos si logra reabrirlo. Sus defensores sostienen que el proyecto traería hasta 300 empleos a la zona. Legisladores estatales, como el representante Pat Proctor, señalaron que la acción del Departamento de Justicia refleja la importancia del centro para reforzar la seguridad fronteriza y apoyar la contratación de personal correccional en la región.
Por su parte, grupos de vigilancia penitenciaria y líderes comunitarios insisten en que el caso va más allá del tema migratorio, centrándose en la obligación de empresas privadas de acatar las leyes locales. Mientras avanza la disputa en tribunales, CoreCivic asegura que cooperará con el proceso judicial, mientras que funcionarios y vecinos se mantienen divididos sobre el impacto que esta reapertura tendría en Leavenworth.